Profesionales de Niñez cuestionan las políticas públicas para la infancia

Lunes, 27 de Febrero, 2012

En un comunicado consensuado con el Colegio de Asistentes Sociales afirman que la Subsecretaría no tiene una estructura acorde ni recursos económicos suficientes para cumplir con la Ley de Protección de Niños

Denuncia. Con el apoyo de una filmación, el 7 de febrero pasado un testigo denunció en la Seccional 1ra. un caso de maltrato a una menor discapacitada en un centro de niños provincial, ubicado en 25 de Mayo al 3400

Profesionales de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, en forma conjunta con el Colegio Profesional de Asistentes Sociales, emitieron un comunicado en el que advierten sobre la ausencia de políticas públicas hacia la infancia que les permita cumplir con los objetivos de la Ley provincial 12.967 de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y aseguran que “desde la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia buscamos dar respuestas a una ley sin contar con la estructura acorde y con escasos recursos a disposición”.

El disparador del documento que difundieron ayer fue la denuncia de violencia contra una menor discapacitada en el Centro provincial de Protección Ana y José Fracchiolla, ubicado en 25 de Mayo 3445. El caso se conoció el 7 de febrero último y derivó en la remoción de sus cargos de tres empleadas y en la intervención del centro.

El comunicado lleva las firmas de los licenciados Horacio Ance, Natalia Bernardi, Belén Depiro, Mónica Falcone, María Josefina García y María Ester Reina, todos trabajadores sociales de la Subsecretaría de Niñez; y del directorio del Colegio Profesional de Asistentes Sociales de la Provincia (Primera Circunscripción).

Posicionamiento

En primer término, los trabajadores repudian cualquier situación de maltrato, sea en la familia, la comunidad o en los ámbitos institucionales del Estado. Y se preguntan: “¿Por qué siempre se recorta la mirada sobre la intervención de los profesionales o en este caso de los responsables directos a cargo de una institución, y no se interroga sobre lo que pasa con el ejercicio de nuestro trabajo cuando los recursos no están o son insuficientes para dar una repuesta acorde a las necesidades y a los derechos de los niños, niñas y adolescentes?”.

Expresan que “es necesario reflexionar sobre la corresponsabilidad de otros organismos tal como dispone el marco legal y la realidad misma. Quienes trabajamos en niñez sabemos de las intervenciones interdisciplinarias construidas desde otras áreas como Salud, Salud Mental, Educación, para dar respuestas de tratamiento integral en la situación de cada niño y adolescente. Cabría preguntarnos entonces cómo dialogan estas intervenciones en el marco de la complejidad”.

Para estos profesionales, “cuando se hacen análisis de hechos semejantes al ocurrido deberíamos como sociedad poder complejizar la mirada, fundamentalmente aquellos que actuamos en los ámbitos de responsabilidad pública. ¿Cuándo la niñez históricamente ha estado en la agenda de los gobiernos? O bien ¿por qué en los proyectos político-partidarios muy pocos incluyen a los niños entre sus objetivos?”

Hay ley pero no recursos

“Trabajar en el campo de la niñez, adolescencia y familia va más allá de la promulgación de la Ley de Protección. La Ley es sólo una garantía jurídica de rango constitucional en defensa de los Derechos Humanos, pero por sí sola no produce los cambios. Como no lo ha sido la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez ni los pactos internacionales. Hay que darle cuerpo, estructura que disponga y clarifique modos de hacer enmarcados en una ley”, expresan más adelante en el comunicado.

“Para poder cumplimentar los objetivos de la ley es imprescindible el diseño de políticas públicas desde los gobiernos Municipal, Provincial y Nacional, y en sus diferentes áreas. Particularmente desde la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe buscamos dar respuestas a una ley sin contar con la estructura acorde y con escasos recursos a disposición. Ante la ausencia de lineamientos concretos para poder plasmar la Ley Provincial de Protección Integral Niñas, Niños y Adolescentes 12.967, en los diferentes dispositivos de protección fueron cristalizadas las propuestas de los trabajadores en la organización institucional sin un marco legal-administrativo adecuado o reconocimiento para aquellos que actualmente asumimos esas responsabilidades”.

“Pensar juntos”

E invitan a reflexionar, a “pensar juntos en los siguientes interrogantes:

Si en un Centro de Protección de niños y adolescentes que tiene capacidad de alojamiento para diez niños hay dieciséis, ¿de quién es la responsabilidad?

Si ante un hecho concreto donde se debe adoptar una medida de protección excepcional y separar a un niño de su centro de vida (familia) y no se cuenta con espacios de alojamiento, familiares alternativos y/o institucionales, ¿de quién es la responsabilidad?

Si la partida presupuestaria para gastos institucionales es insuficiente o la misma del año anterior, ¿de quién es la responsabilidad? Si los diferentes programas o dispositivos institucionales de la Subsecretaría no cuentan mensualmente con los recursos económicos para su funcionamiento, ¿de quién es la responsabilidad?

“Por qué no se interroga sobre lo que pasa con el ejercicio de nuestro trabajo cuando los recursos no están o son insuficientes para dar una respuesta acorde a las necesidades y a los derechos de los niños.”

“Si ante un hecho concreto donde se debe adoptar una medida de protección excepcional y separar a un niño de su familia, no se cuenta con espacios de alojamiento, familiares alternativos y/o institucionales, ¿de quién es la responsabilidad?”

“Desde la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Santa Fe buscamos dar respuestas a una ley sin contar con la estructura acorde y con escasos recursos a disposición”.

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2012/02/25/metropolitanas/AREA-01.html