CUSTODIA PATERNA: Maltrato político en el Centro de la Mujer de Ciudad Real: La “irresponsabilidad” de las administraciones se convierte en cómplice de la violencia de género

lunes, 24 de febrero de 2014

Maltrato político en el Centro de la Mujer de Ciudad Real: La “irresponsabilidad” de las administraciones se convierte en cómplice de la violencia de género

Lunes, 24 de Febrero, 2014
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Eusebio Gª del Castillo Jerez.- Que exista un conflicto político y administrativo no debería afectar a la atención que reciben las mujeres víctimas de violencia machista. Y si esto no sucede, es porque a las administraciones no les importan ni son conscientes del riesgo al que exponen a las mujeres maltratadas. Así de rotundas son algunas de las opiniones de expertos en violencia de género consultados por Miciudadreal.es, que además califican de “irresponsable” la actitud de las instituciones implicadas, “porque no tiene sentido que quienes tienen la obligación de resolver los problemas, los generen”.

Centro de la Mujer de Ciudad Real
Crónica de una muerte anunciada
El Instituto de la Mujer guarda silencio. La Junta de Comunidades, de quien es competencia el Centro de la Mujer, a falta de menos de una semana para el previsible cierre de las instalaciones, no se ha manifestado sobre el futuro de este servicio. Por su parte, Ayuntamiento de Ciudad Real y Diputación provincial, dedican todo su esfuerzo a eludir el problema. Desde que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anulara el pasado mes de diciembre el convenio de cesión del centro, la relación entre ambas instituciones no parece pasar por su mejor momento, como muestra que ni tan siquiera hayan intercambiado comunicaciones oficiales en el conflicto por la futura gestión del Centro de la Mujer.
Hasta la semana pasada, la contratación en “fraude legal” de la alcaldesa de Ciudad Real, que forma parte de la plantilla del Centro de la Mujer, ha monopolizado el debate político. Recientemente, han sido CSI·F e Izquierda Unida quienes han puesto el acento en resolver la situación de las trabajadoras del Centro de la Mujer y en la necesidad de mantener el servicio.
Entretanto, el Ayuntamiento de Ciudad Real se aferra a la sentencia del TSJCM, que obliga a deshacer el convenio y así lo aprobará en Pleno, en principio, el próximo viernes. “La pelota está en el tejado de la Diputación”, decía el portavoz del equipo de gobierno, Pedro Martín. La Diputación ya ha anunciado que despedirá a las trabajadoras, escudándose en el Estatuto de los Trabajadores, y que no asumirá el servicio, al ser este competencia de Junta de Comunidades y al haberse concedido al Ayuntamiento una subvención para su mantenimiento. En la institución provincial lo tiene claro: “tener nuestras competencias y optimizar nuestros recursos”, subrayaba su vicepresidenta Jacinta Monroy.
Por otra parte, las trabajadoras del Centro de la Mujer han denunciado que la raíz del problema es un enfrentamiento político “que están dificultando la prestación de un servicio que es esencial, además de obligatorio”. El centro, salvo sorpresa final, está abocado al cierre, “dado el silencio y el hermetismo que reina en todas las administraciones”, sin que se haya planteado una solución para las cientos de usuarias que utilizan este servicio.

Acto institucional del Día Contra la Violencia de Género
La “irresponsabilidad” de las administraciones
Expertos consultados por este diario aseguran que la competencia sobre servicios sociales recae en las comunidades autónomas. No obstante, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha podría delegar este servicio en el Ayuntamiento, si así lo acordara, aportando los fondos necesarios para su funcionamiento.
En cualquier caso, las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho, y así está garantizado por ley, a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, bajo los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Especialmente, información a las víctimas, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer, apoyo educativo a la unidad familiar, formación preventiva en los valores de igualdad y apoyo a la formación e inserción laboral.
Desde el Centro de la Mujer apelan a la voluntad política. Aseguran que si cualquiera de las administraciones tuviera un “verdadero” interés en mantener el centro podría darse continuidad al servicio. Recuerdan que la sentencia del TSJCLM pone el centro, de nuevo, en manos de la Diputación provincial y su organismo autónomo, y que esta institución gestiona, por iniciativa propia, otros servicios que no son de su competencia, como un centro de acogida para mujeres maltratadas, una guardería o un hospital psiquiátrico, entre otros.
Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada, considera “normal” que, desde el punto de vista administrativo, bajo determinadas circunstancias especiales, como es el caso, surjan conflictos respecto a la gestión de los servicios sociales. “Cuando algo se rompe hay que volver a encajarlo; pero lo que no tiene sentido y es completamente cuestionable desde el punto de vista político, es que quien tiene la obligación de resolver los problemas, los genere”. Según este experto en violencia de género, debería garantizarse la continuidad del servicio y paralelamente resolverse los conflictos legales y políticos. Una vez solucionados, se procedería a acometer los cambios oportunos, pero sin que afecte entretanto a las personas que prestan la atención, ni a las que sufren violencia de género y la reciben. “Me parece de una gran irresponsabilidad, porque las personas que tienen que resolver un problema no solo no lo hacen sino que lo están agravando”, subraya. “Las administraciones estarían potenciando o facilitando que la violencia continuara”.

Acto institucional del Día Contra la Violencia de Género

“La cuestión es que las administraciones no consideran que el problema sea lo suficientemente grave como para tener que implicarse, de lo contrario lo resolverían, como hacen en cualquier otra circunstancia”, asegura Miguel Lorente. “Si ha existido la posibilidad de llevar a cabo una atención con una estructura y con un equipo profesional que ha venido actuando en diferentes contextos, primero con la Diputación y después con el Ayuntamiento, y de repente, desaparecen todas las instituciones, quiere decir que a ninguna les importa. Eso es lo que habría que destacar. El conflicto administrativo y político, que es muy lícito, nunca debería suponer una disminución de la atención. El servicio debería continuar y paralelamente resolverse los problemas, sin que eso suponga un rechazo en la atención que están recibiendo estas mujeres”.
Este profesor de la Universidad de Granada apunta que no se pueden cerrar los servicios sociales, del mismo modo que no se pueden cerrar los servicios sanitarios y recuerda que las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios de asistencia social integral. “No dar respuesta a una situación no solo hace que continúe el daño sufrido, sino que además se deja de abordar una situación de riesgo objetivo”, advierte Miguel Lorente. “No solo estamos actuando sobre la circunstancia de la propia víctima, sino que estamos facilitando, además, que el contexto de violencia continúe y que se puedan producir nuevas agresiones y por tanto, mayor riesgo para la víctima”.
Desde la Fundación Ana Bella consideran inconcebible que pueda cerrarse un centro y se deje sin atención a las usuarias. “Provocará una situación muy complicada para mujeres que han sido maltratadas y que ahora estén intentando recuperar su vida. Que, de pronto, les corten ese apoyo puede suponer un verdadero trauma”.
La presidenta de esta institución, Ana Bella, una mujer que fue víctima de violencia de género, opina que, como mínimo, debería asegurarse que las mujeres terminen su tratamiento de alguna forma. “Las administraciones deberían valorar el daño que van a causar”.

Centro de la Mujer de Ciudad Real
Consecuencias del cierre
El Centro de la Mujer, que cuenta con una trayectoria de 28 años experiencia y que atiende a una población de 80.000 personas entre los municipios de Ciudad Real, Poblete, Villar del Pozo y Carrión de Calatrava, prestó servicio a 2.400 mujeres el año pasado.
Ante la incertidumbre sobre el futuro del centro, las trabajadoras de este servicio han comenzado a derivar a las usuarias a otros recursos asistenciales. Esto no ha sido posible en todos los casos porque, tal y como señala Mar Milla, coordinadora y psicóloga del Centro de la Mujer, “no siempre puede encontrarse un recurso que preste una asistencia que sustituya a la que las mujeres han estado recibiendo hasta ahora”.
Desde este organismo ya se han dirigido al Ayuntamiento para poner de manifiesto que, hasta la fecha, nadie se ha hecho responsable del seguimiento de las medidas que se tramitan en el Juzgado de Ciudad Real. El Centro de la Mujer se encarga de establecer el contacto entre la mujer y los recursos y servicios que garantizan su seguridad y la recuperación de las posibles secuelas derivadas del proceso de victimización.
Otra función que está en el aire y que se lleva a cabo en el Centro de la Mujer es la tramitación y seguimiento del Programa ATENPRO. El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO) ofrece a las víctimas de violencia de género una atención inmediata y continuada, basado en la utilización de tecnologías de comunicación telefónica móvil y de telelocalización.
Tampoco se sabe quién se encargará de la derivación a los recursos de acogida. El Centro de la Mujer es la entidad que valora y deriva a recursos pertenecientes a la Red de lucha contra la violencia de género de Castilla-La Mancha. Ni siquiera se ha comunicado a las trabajadoras del centro qué destino tendrán los expedientes que se hallan en la entidad pertenecientes a víctimas de violencia de género y que tienen la calificación de nivel de seguridad alto.
Mar Milla señala que las usuarias que se van a ver más afectadas son las mujeres con redes sociales menos efectivas, como mujeres inmigrantes o mujeres mayores que están solas, que tienen mayores dificultades, y una problemática social y económica más compleja.
Desde el área de atención psicológica se atiende a unas 300 mujeres, la mayoría son o han sido víctimas de violencia de género. La coordinadora del Centro de la Mujer recuerda que en la región no hay ninguna ciudad importante sin centro de la mujer y no duda de que, si el actual centro se cierra, en el futuro se pondrá en marcha un nuevo servicio. Sin embargo, destaca la importancia de mantener la continuidad de la atención, ya que para las mujeres de violencia de género el vínculo terapéutico es fundamental para el éxito del tratamiento. Además, el hecho de tener que reiniciar todo el tratamiento con otros profesionales supondría un proceso de victimización secundaria.

La actriz Silvia Abascal en la campaña ’18 segundos’ del Instituto de la Mujer (2006)

La importancia del vínculo terapéutico
Inmaculada Romero, psicóloga especializada en violencia de género, explica que las mujeres que sufren este tipo de violencia ven rota la confianza, “sobre todo en su pareja, que es la persona que debería quererlas o cuidarlas y es precisamente la persona que más les daña. Esto hace que las mujeres víctimas de violencia vean muy mermada su capacidad para confiar en general, y en concreto en los profesionales que las atienden”.
Como apunta esta psicóloga, construir un vínculo terapéutico, esa realización entre el profesional y el paciente, es una tarea compleja, y de la calidad de ese vínculo dependerá el resto de la intervención. “Cuando estamos ante víctimas de violencia de género que tienen esa merma en su capacidad de confiar, resulta especialmente difícil lograr y mantener ese vínculo”.
“El estado de este vínculo en una psicoterapia con mujeres maltratadas es algo primordial, que además cuesta mucho conseguir y mantener -recalca Inmaculada Romero-. Como consecuencia de esto, este tipo de tratamientos son especialmente vulnerables a los abandonos y a la ruptura de esa relación terapéutica. Eso siempre es delicado, pero cuando estamos hablando de víctimas de violencia de género más aún. Cualquier cambio de terapeuta o de servicio afecta doblemente a estas mujeres y es algo que habría que evitar”.
Miguel Lorente asegura que no es cuestión de tomar el pulso, la temperatura, o de realizar una serie de análisis que cualquiera pueda interpretar y actuar, “sino de ir estableciendo una serie de vínculos y lazos que permiten ir conociendo cuál es la realidad que ha envuelto a cada una de esas mujeres para poder abordarla de manera individualizada. No hay una pauta de actuación común que sirva para todas, sino que cada una tiene que seguir sus procesos con sus ritmos, con sus iniciativas, con la metodología adaptada a sus circunstancias”.
Advierte, igualmente, que hay que tener en cuenta que, al modificarse el contexto de atención, se puede producir un abandono de la terapia. “No se puede dar por sentado que la modificación de la atención vaya suponer una continuidad en otro lugar. En violencia de género, todo lo que sea dificultar el proceso de salida, al final se traduce en un rechazo, en una renuncia, en un obstáculo que atrapa más a la propia mujer en la violencia. Si las mujeres tienen ya de por sí dificultades en denunciar, y ahora, a las que han dan el paso, les ponemos más problemas, puede resultar que éstas dejen de ir y que otras que perciban estas trabas para poder recibir esa atención, no se decidan a actuar. Es otra consecuencia, no solo de la victimización secundaria que se produciría al modificar toda la pauta terapéutica, sino también al mandar un mensaje de que los centros se cierran y por tanto que dificultan que la mujer pueda acudir allí a recibir información, atención o cualquier tipo de iniciativa que suponga un beneficio para su situación”.
Victimización secundaria
Inmaculada Romero matiza que la victimización secundaria es aquella que provocan las instituciones. Al daño y a las secuelas que arrastra una mujer tras ser víctima de violencia de género, hay que añadir cuando se le vuelve a hacer sentir víctima. “Las instituciones provocan este tipo de daños, exponen a las mujeres a pasar por muchos servicios, teniendo contar una y otra vez lo mismo o, por ejemplo, a pasar por experiencias traumáticas en un juzgado teniendo que compartir la sala con su agresor”.
“Ya no son solo las secuelas que ha sufrido por la violencia de género -insiste-, sino que vuelve a estar expuesta a un tipo de violencia institucional y volver a ser víctima no ya de sus parejas sino de las propias instituciones”.
Miguel Lorente añade que “cuando se lleva a cabo una actuación, en violencia de género o en otros campos, y esta genera un daño, problema, dificultad, alteración o una consecuencia negativa, estaríamos victimizando por segunda vez”. Una circunstancia que provocaría el agravamiento de la situación inicial, perjudicando seriamente al paciente.
Por último, Inmaculada Romero advierte que actuaciones como el cambio de profesional, pueden ejercer un daño sobre las personas que reciben la atención. “Y si el servicio se interrumpe hay que poner todos los medios para que vuelvan a ponerlo en marcha, porque las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir una atención integral”.