Presidente de la asociación de abogados Bueno y Leroux
UN simplón pero acertado aforismo jurídico diferencia el derecho público del derecho privado. Para el primero, en el que se basa el comportamiento de la administración, todo lo que no está expresamente permitido está prohibido; para el segundo, en el que se apoya la sociedad civil en su normal funcionamiento, es al revés: todo lo que no esté expresamente prohibido está permitido. Ambos sistemas han mantenido siempre un equilibrio aceptable: el Estado se ha ocupado y legislado sobre lo público, que es interés de todos, sin meterse en la vida privada, y la sociedad se ha valido de escasas normas, aunque suficientes, para funcionar: básicamente el Código Civil, el Código Penal, las leyes procesales y la Constitución Española. Las dudas, las lagunas y as interpretaciones
han sido siempre suplidas por juecesymagistrados. Esa es su esencial y digna profesión. Ni más, ni menos, porque una sociedad libre necesita solo unas pocas normas, lo más claras posible, para funcionar con desahogo; cualquier otra cosa la obstaculiza, la lastra y la detiene. Pero, ¡ay!, asistimos en los últimos años a una estatalización aguda de la sociedad y a una lamentable politización de la Justicia, a través de leyes cada vez más sectarias
e invasoras de lo privado (de género, de divorcio, de educación, de inmigración, de
igualdad, de memoria histórica, del aborto, de reforma del código penal, de reforma laboral,
de derechos de autor), por medio de la influencia partidista en los órganos representativos
de los jueces, o mediante el descarado control gubernamental de la fiscalía. La separación
de poderes de nuestro Estado de Derecho está desvirtuada y no es efectiva. En marzo del pasado año casi 1.400 jueces.
Asistimos a una estatalización aguda de la sociedad y a una lamentable politización de la Justicia, a través de leyes cada vezmás sectarias e invasoras de lo privado por medio de la influencia partidista en los órganos representativos de los jueces.
En marzo del pasado año casi 1.400 jueces firmaron un manifiesto por la despolitización de la Justicia y la independencia judicial, reclamando un gran pacto de Estado para recuperar la «dignidad» del Poder Judicial, ya que, en su opinión, cada vez es más permeable a las influencias olíticas.Aeste manifiestoTribuna, ABC, Sevilla
se han sumado numerosos fiscales, en desacuerdo con las «órdenes de arriba» a las que debenobedecer por el principio jerárquico. El lamentable espectáculo ofrecido antes de las pasadas elecciones municipales por los fallos contradictorios de un Tribunal Constitucional con varios de sus magistrados, «juristas de reconocido prestigio», deslegitimados por tener caducado su mandato yunTribunal Supremo compuesto por magistrados de carrera, no ha hecho más que profundizar en la sensación de que la Justicia está politizada, por no decir maniatada.
Para los jueces, la invasión del poder legislativo y ejecutivo sobre el judicial los está convirtiendo, de una parte, en máquinas automáticas de poner sentencias que ya están preconstituidas, privándoles de aquello que es su esencia: impartir justicia aplicando su criterio en interpretación de la ley. La mayoría de sentencias y medidas cautelares que han de solicitar o adoptar no les deja margen alguno, y solo los más valientes y rebeldes se atreven a seguir aplicando un criterio propio, impartiendo verdadera justicia. De otra parte, el maniqueísmo consustancial a la política sectaria los está dividiendo, quieran o
no, en el partido de jueces «progresistas» y el partido de jueces onservadores», destruyendo su independencia política y, sobre todo, su libertad ética.
La mayoría de la población española no es consciente de lo que ocurre, de la importancia que la verdadera separación de poderes tiene en sus vidas privadas. Ahora solo preocupa el paro y la economía, pero parece que nadie ve que el origen de la crisis no se debe a causas exclusivamente económicas. El excesivo intervencionismo del Estado y de los 17 mini-estados autonómicos, que a través de una insoportable hiperinflación normativa llevan lustros lastrando nuestro sistema productivo, al que hacen pasar por radicalismos
políticos, culturales o lingüísticos, invadiendo la vida privada y poniendo trabas a cualquier iniciativa económica que no pase por el filtro de la ideología, nos ha convertido en una sociedad improductiva, y no porque
no seamos hacendosos y trabajadores, sino porque nos han privado de la libertad de demostrarlo.
La pobre Justicia, uno de los tres pilares del Estado de Derecho, está siendo víctima de esta confusa deriva. Los jueces ymagistrados cada vez tienen menos que decidir; las sentencias están ya prácticamente puestas, siguiendo
consignas ideológicas, porque gobernantes y políticos le están robando la Justicia al Pueblo, que según la Constitución es de donde emana, para ser administrada por los jueces en nombre del Rey.
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