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lunes, 24 de octubre de 2011

Los testigos de una muerte sin cadáver

Hoy se inicia en la Audiencia la segunda semana del juicio por la muerte de Marta del Castillo. Su padre, «El Cuco» y los vecinos del piso donde se cometió el crimen tienen que comparecer ante el tribunal
javier ronda / sevilla
Día 24/10/2011
Los padres de Marta, el tío materno Javier Casanueva, más el Cuco, mañana martes, ya con condena firme por la Audiencia Provincial, y el primer grupo de agentes encargados de la investigación del crimen tienen que ofrecer su testimonio en el juicio. La declaración «estrella» sin duda, es del entonces menor, acusado por Miguel Carcaño de llevarse el cuerpo de Marta en compañía de Samuel Benítez en el vehículo de la madre del menor. El Cuco tiene que declarar en calidad de testigo y debe decir «la verdad». Ya ha sido juzgado y condenado por la Audiencia en este «esperpéntico» despropósito de la aplicación de la Ley del Menor, con dos procesos y dos hechos probados con una sola verdad. Este joven tiene que decir lo que vio «como testigo» y no soportará «preguntas acusatorias», así que cuando declare y si mantiene su tesis de «haber estado en una botellota», se terminó.
Cuenta atrás para la ejecución de los embargos a los padres del Cuco. La cuarta sesión del juicio se inicia con los «ecos» de la sentencia al Cuco por violación y asesinato, más favorable para las tesis de las defensas. Se pueden embargar sus bienes, casas, propiedades, vehículos, parte de nóminas, ahorros, etc..., hasta completar más de 400.000 euros por los gastos que ocasionaron a la Administración en la búsqueda del cuerpo con sus diferentes versiones.
Algo más de la mitad de los fiscales apoyan el papel jugado por la Fiscal Jefe, María José Segarra, en el caso del juez de familia Francisco Serrano. Son un total de 47 fiscales de Sevilla los que han suscrito un comunicado en el que atribuyen a la Fiscalía del TSJA en Granada, la que después «no acusó» al magistrado, la «competencia exclusiva» en las decisiones adoptadas en el seno del procedimiento seguido contra Serrano. El juez fue condenado, sólo con acusación particular y contra un voto particular, a dos años de inhabilitación y al pago de una indemnización a la denunciante por un delito de prevaricación culposa, hasta que resuelva el Supremo y dicte la última sentencia. Segarra remitió al TSJA la denuncia presentada por un particular contra el magistrado, según la Ley, porque el denunciado es un magistrado. A partir de ahí, explican los fiscales, como es obvio, el asunto quedó en manos de la fiscalía del TSJA. Lo que no explica el documento es que la fiscal jefe, que en su día críticó públicamente al juez por sus declaraciones sobre la Ley de Violencia de Género, acompañó antes a la acusación en su recurso a la Audiencia Provincial de Sevilla, después de que este órgano considerara que Serrano tomó una decisión correcta. Incluso Segarra modificó la opinión de su teniente fiscal cuando solicitó a la Audiciencia que no hiciera público el auto sobre la petición denulidad de la acusación porque podía interferir en la decisión del TSJA. Al menos, demostró interés en el caso.
Apertura del año judicial, jurisdicción social protagonista. Ha sido la cuarta edición, donde coincidieron el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho. El presidente de la Audiencia, Damián Álvarez recordó la falta de inversión en «justicia», que a veces es obsoleta. Recordó que la recuperación de la imagen social del juez se produce gracias al esfuerzo diario de este colectivo.

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